El derecho al trabajo

El Artículo 35.1 de la Constitución Española dicta: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo." 

Este derecho fundamental, que vincula a todos los poderes públicos incluido al legislador, suena a chiste cuando descubrimos que 6 millones de personas en España están en situación de desempleo en la actualidad. España cuenta con una población activa en torno a los 23 millones de personas, el 26,2% de esa gente, está en paro. El 50% de los jóvenes menores de 25 años se encuentra desempleado como así lo reflejan las estadísticas en el último trimestre del año.

¿No se supone qué los derechos fundamentales tienen eficacia directa en relación al conjunto de la población española? ¿Quién es el culpable de no cumplir con estos derechos? Los ciudadanos españoles viven días muy crudos, sabedores de la falta de responsabilidad política por parte de los dirigentes del país, quienes día a día muestran su ineficacia en su trabajo como legisladores. La gente de a pie pasa sus días esperando un cambio que les devuelva los derechos que parcial o totalmente han perdido. El trabajo resulta indispensable en cualquier sociedad capitalista, sin él el motor de consumo se detiene y el riesgo de exclusión social de las familias se puede masticar.

Que grandes suenan las palabras y que pequeñas se muestran las acciones por parte de los políticos. Con personajes como la actual Ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que no ha asistido a ninguna cumbre europea de empleo desde que es ministra, artífice de la Reforma Laboral más agresiva de la Historia de España y teniendo en cuenta que no ha cotizado nunca en empresa alguna ni ha aprobado ninguna oposición para obtener un empleo público, no se puede esperar nada o casi nada de este Gobierno.

Escuchar las palabras de Patricia Hernández Gutiérrez, diputada del PSOE por Santa Cruz de Tenerife, en el Congreso de los Diputados, proporciona una bofetada de realidad al Gobierno actual. Desde que estalló la crisis económica en 2008 la posibilidades y condiciones de empleo en España se han reducido ostensiblemente, por ello miles de jóvenes deciden probar en otros países, jóvenes sobradamente preparados y dispuestos a desarrollar sus habilidades y objetivos de vida en otro lugar. Desde mi experiencia, puedo contar por más de diez los casos de conocidos, amigos y compañeros que se han marchado o que estén pensando en ello.

En la vida diaria, en la calle entre familiares y vecinos, la vida sale adelante, pero cada vez se hace más complicado mantener esa dignidad que viene tan bien recogida en la Constitución y que desde la clase política se ningunéa diariamente con eufemismos televisivos que parecen esconder más información que aquella que nos cuentan.