Desde que comenzó en 2008 la actual crisis económica la tasa de desempleo española se ha disparado año tras año con respecto a la media europea. Las causas que provocaron este mal endémico a nivel mundial fueron a grandes rasgos: la subida de precios de las materias primas, fundamentalmente el petróleo, la especulación de lo inmuebles y los valores en bolsa o la inflación, que repercutió en la subida de precios de bienes y servicios. Grecia y España se posicionan a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a creación de empleo, muy lejos de los
objetivos fijados por la UE para el 2020.
España durante los últimos cinco años no ha hecho otra cosa que destruir empleo, empleo que en 2007 llegó a registrar la menor tasa de paro de su historia, alcanzando el 7.8%, actualmente se encuentra por el 25,1%. Hay que puntualizar que la economía española durante la época de bonanza previa a los años de crisis, estuvo basada fundamentalmente en un modelo de negocio, el ladrillo. La
Ley de suelo de 1998 propuso privatizar el mercado del suelo, permitiendo a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas recalificar los terrenos rústicos para hacerlos urbanizables. Los terrenos pasaron a ser muy rentables para los empresarios, que aumentaron sus inversiones en el sector comprando la tierra que antes era pública.
A través de "el decretazo", como se conoce a la
Reforma Laboral de 2002, el Estado facilitó a las empresas la contratación y el despido de mano de obra, esto junto con el crecimiento desmesurado en la construcción de vivienda, permitió reducir el desempleo durante algunos años. Cuando en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria y los mercados se desplomaron, muchas empresas quebraron, entre ellas la inmobiliaria Martinsa Fadesa que protagonizó la mayor quiebra de la historia de España, dejando un agujero de 7.000 millones de Euros a sus acreedores, en su mayoría bancos y cajas, que asumieron el stock de vivienda. La vivienda para entonces ya estaba sobrevalorada, el precio en menos de una década se había cuatriplicado.
Durante el 2009/2010 España estaba lo suficientemente maltrecha como para que la UE exigiera cambios en su modelo económico. Se descubrió de pronto que el Estado y sus instituciones se habían endeudado en exceso, el déficit público se disparó. Bajo la presión de Europa el Gobierno de turno (PSOE), intentó reajustar la economía con subidas de impuestos, ampliando la edad de jubilación de 65 a 67 años y con una nueva
Reforma Laboral (2010) que pulverizó los derechos de los trabajadores.
A consecuencia de las medidas tan drásticas que estaban ahogando el estado bienestar español, se adelantaron las elecciones. El nuevo Gobierno en favor del Partido Popular (PP) con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados inició
nuevas medidas de ajuste en contra de lo que había estado promulgando en campaña electoral. Bajo nuevas advertencias de la UE se volvieron a subir los impuestos (IVA), se aplicaron recortes mil millonarios en sanidad y educación y se aplicó una nueva
Reforma Laboral (2012).
Como en otros países mediterráneos, el movimiento social Español salió a la calle. Los ciudadanos sabedores de la mala gestión de los que mandan, siendo las principales víctimas de las medidas de austeridad exigen una cambio que garantice la recuperación de sus derechos, derechos que por otro lado vienen reflejados en la Constitución, Ley Suprema que rige al Estado.
El pueblo, que en su gran mayoría pertenece a la clase trabajadora, no está dispuesto a aceptar de buena gana la reformas que impone el Gobierno. Numerosas manifestaciones se han venido celebrando en los últimos dos años en favor de los derechos de los ciudadanos y los trabajadores, en favor de la democracia. En menos de 5 años se han visto coartados drásticamente derechos como la sanidad y la educación pública, el trabajo o el derecho a una vivienda. En la calle, la gente cree que esta crisis tiene nombre y apellidos, personas responsables de asfixiar al pueblo en favor de los bancos, del capital, de un sistema muy cuestionado, que se ha vuelto a desplomar.